Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las entidades federativas estaban obligadas a reformar su constitución y a crear su propio sistema local anticorrupción, a más tardar en julio de 2017. A esa fecha, algunos estados no habían emitido su legislación local y otros, habían publicado leyes que no se apegaban a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal y en la Ley General del SNA.
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