El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó sentencia para que se proporcionen medicamentos oncológicos a niños con cáncer en hospitales públicos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que emitió hace un año el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, como parte de un amparo promovido por la organización Justicia Justa, en la que obliga a la Secretaría de Salud federal a suministrar medicamentos todo el tiempo que dure el tratamiento para menores con cáncer los diferentes hospitales y clínicas del país.
En un comunicado emitido por dicha organización, el abogado Luis Pérez de Acha celebró la decisión del colegiado, ya que se trata de justicia para las infancias y adolescencias, así como para los padres que lidian con estas situaciones.
“La sentencia de amparo es valiente y oportuna. Es la justicia que los niños, niñas y adolescentes y sus padres han esperado durante años. Es una decisión que atiende a un reclamo básico y natural de los pacientes de cáncer. Es una sentencia emblemática por su alcance nacional y que ampara para siempre», comentó el también presidente de Justicia Justa.
En esta sentencia, el colegiado confirmó la violación de derechos de salud de infancias y adolescencias que padecen cáncer, por lo que se ordena a las dependencias federales a entregar medicamentos en lo que queda de 2023 y que se garantice este derecho el siguiente año y en años subsecuentes.
Las abogadas Denise Tron y Mariana Ruiz, integrantes de Justicia Justa y quienes promovieron el amparo, indicaron que seguirán trabajando para que el suministro de medicamentos oncológicos para el tratamiento de cáncer infantil sea garantizado en cada hospital.
“Ésta es una enfermedad con probabilidades de supervivencia cuando los pacientes reciben una atención completa y oportuna”, señaló la organización en el comunicado.
Fue en octubre de 2022 cuando el juez Rivera González resolvió un amparo promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, A.C. (AMOHP), en la que se mostró que los secretarios de Salud y de Hacienda y Crédito Público federales, así como el oficial mayor de hacienda, no realizaron acciones ni gestionaron los recursos necesarios para suministrar medicamentos oncológicos en los hospitales del sector público.
Y pese a que el gobierno federal apeló, los magistrados del tribunal colegiado confirmaron que son responsables de dicho desabasto.